La resistencia y El Mundo

Algunos lectores tradicionales y habituales de El Mundo venimos contemplando con cierto estupor la línea informativa de este diario a propósito de la "resistencia iraquí a la ocupación". Me atrevería a calificarla de manifistamente parcial y sesgada, innecesariamente agresiva y tendente al sectarismo. Esta línea informativa se corresponde también con los argumentos expuestos por Pedro J. Ramírez en las tertulias radiofónicas en las que es habitual.
Lo de hoy, sin embargo, ha alcanzado límites insospechados y me planteo sumar a mi boicot personal al cine español otro a ese periódico.
El mismo día de las elecciones "El Mundo" saca en portada una foto de jóvenes iraquís masacrados a tiros y con las manos atadas a la espalda. Junto a la foto, una (nueva) mención a "la resistencia" en el titular y un augurio tétrico en el avance del editorial : "Iraq entre un sucedáneo de democracia y la guerra civil " (puedes ver la portada aquí).
A la vista de lo sucedido hoy, y sin echar las cámpanas al vuelo, como mínimo habría que preguntarse si no hay una tercera opción, la de un Iraq razonablemente estable y democrático, en esa disyuntiva que ni El Mundo ni Pedro J. Ramírez han comtemplado. Es más, a la vista del antiamericanismo visceral del que hacen gala periódico y director, y en eso no son los únicos pero sí destacados, habría que preguntarse, siendo malicioso, si desean realmente esa tercera opción o preferirían ver a los iraquís enfrentándose en una contienda civil con tal de ver confirmadas sus tesis.

ZP, Simancas y los especuladores

ZP afirma que el gobierno da suelo a la gente y no a los especuladores. En el acto estaba presente Rafael Simancas ¿Se habrá sentido aludido?

Sin palabras

Iraq. Sin palabras.




Hart y Devlin sobre la moral y la libertad

Hace unos días, debatiendo con copypaste en Hispalibertas sobre la eutanasia me comprometí a dedicar un comentario a un debate que tuvo lugar a mediados del pasado siglo entre Lord Devlin y H.L.A. Hart a propósito de si el derecho es o no un instrumento para la imposición coactiva de la moral. Copypaste afirmaba allí que tras toda norma jurídica hay siempre un posicionamiento moral y que igual que quien se muestra favorable o contrario a la eutanasia pretende imponer penalmente sus planteamientos morales, quien es partidario de la igualdad pretende hacer lo propio mediante un sistema fiscal progresivo, posición esta que era la del propio copypaste. Entonces llamé la atención a copypaste sobre sus argumentos y le advertí que aun admitiendo que a toda ley subyace una moral específica esto no significa que cualquier moral sea equivalente a todas las demás posibles; también hice notar a copypaste que, al posicionarse como lo hacía, estaba sumándose a la posición de Devlin en el debate que ahora quiero comentar.

Sir Patrick Devlin, en su momento, utilizando un argumento similar al que emplea copypaste para los impuestos, se mostró partidario de asimilar delito a pecado y de penalizar la homosexualidad. Efectivamente, Lord Devlin consideraba que toda sociedad es una comunidad de ideas a propósito de lo bueno y lo malo, es decir, una comunidad moral y que sin ese acervo ético común toda sociedad se desintegraría. Como la función principal de los gobiernos es garantizar la supervivencia de la sociedad, todo gobierno debería poder utilizar el derecho para reforzar las ideas que cohesionan al grupo, del mismo modo que lo utiliza para imponer cualquier otro factor imprescindible para la supervivencia de la sociedad como tal. Si toda sociedad está autorizada a defenderse por medio de leyes frente a los delitos de traición o sedición porque dichos actos afectan a su propia estabilidad, entonces también puede oponerse a la desviación moral si eso afecta a los valores que la cimentan. Eliminar el vicio, por tanto, es una función estatal y si las autoridades constatan que una conducta genera rechazo, indignación o repulsa están autorizadas a reprimirla penalmente al margen de que dicha conducta haya dañado o no a terceros, se realice en público o en privado o entre adultos que libremente consienten.

Hart, partidario más bien de un derecho penal basado en la idea de daño a terceros y no en "virtudes", argumentó que del hecho de que una sociedad sea una comunidad de valores compartidos, no se sigue que todos esos valores tengan la misma importancia o que la sociedad vaya a derrumbarse si el derecho no los impone del modo más enfático posible, esto es, criminalizando el pecado. Cuestionó además que los sentimientos de intolerancia, indignación o repulsión frente a conductas de otros, sean un criterio válido para discriminar entre lo bueno y lo punible, esto es, para decidir que conductas inmorales han de ser penadas. Antaño, afirmó, se quemaba a ancianas por suponerlas brujas y quienes prendían la hoguera creían sinceramente en la bondad de su acción. Estos sentimientos han de ser contrastados, dice Hart, racionalmente antes de convertirlos en el parámetro de la penalización.

Volvamos ahora al asunto de la eutanasia y la discusión, siempre amable, con copypaste. Mi posición entonces es la de ahora: aun admitiendo que a toda ley subyace un punto de vista moral, esto no significa que todos los puntos de vista morales en que el derecho puede inspirarse sean equivalentes entre sí, es decir, igualmente buenos o malos. En concreto, no es lo mismo la moral que inspira a un código penal que castigue a los homosexuales que el punto de vista de quien no lo hace por considerar que ese tipo de actitudes son generalmente privadas y, en todo caso, absolutamente libres. No es correcto asimilar ambos puntos de vista porque mientras que el primero pretende condicionar nuestras preferencias más personales e imponernos modelos de virtud ideales, el segundo no lo hace.

Por ese mismo motivo rechacé que fuese lo mismo imponer coactivamente una moral igualitarista o imponer una moral de corte liberal. Es más, consideré que la “imposición” de la segunda no es realmente auténtica imposición, mientras que la primera lo es por definición. Efectivamente, una moral igualitarista supone que alguien decide cuáles son mis necesidades básicas y cuál la escala de mis preferencias y, en segundo lugar, que ese alguien impone coactivamente estas valoraciones, vía fiscalidad y código penal. Una moral liberal, sin embargo, deja a cada uno definir sus necesidades e intereses y no se pronuncia ni pretende alterar la cantidad de esfuerzo necesario para su satisfacción. Es decir, nos traslada a un escenario donde nadie puede definir por otros qué es lo necesario o lo superfluo ni tampoco puede imponerlo coactivamente ni fijar de antemano la cantidad de esfuerzo a aplicar para dar satisfacción a nuestros intereses o la cantidad de esfuerzo de alguien que ha de ir dirigida a dar satisfacción a las que se han juzgado son las necesidades de otros.
En suma, los impuestos progresivos y la moral igualitarista son a la homofobia lo que la moral liberal al respeto hacia el modo en que cada uno vive su propia sexualidad.

Los esclavos no se deprimen

Reconozco que sigo con interés los análisis de Memética y Psicología evolutiva que con frecuencia nos ofrece Memetic Warrior en su blog Políticamente Incorrecto. Sin embargo, hay quien va más allá y traza relaciones entre la Biología, la Psicología y la Moral o el Derecho que son más que cuestionables.

Me refiero a Ronald Dworkin, patriarca de la izquierda norteamericana, quien en Los derecho en serio, un libro de sobra conocido, menosprecia la importancia de la libertad pues no es demostrable que los individuos que se ven privados de ella sufran ningún daño especial. ¿Las pruebas? Que hay quien no ejerce ningún tipo de libertad y vive tan feliz y también que “nos falta una teoría psicológica capaz de justificar y explicar la idea de que la pérdida de las libertades civiles, o de alguna otra libertad predeteminada, implica un daño psicológico inevitable, ni siquiera probable. Por el contrario, en la psicología actual hay una persistente tradición encabezada por psicológos como Ronald Laing, que sostiene que buena parte de la inestabilidad mental en las sociedades modernas puede adscribirse a la demanda de demasiada libertad y no a la [existencia] de demasiado poca. Según ellos, la necesidad de elegir que se sigue de la libertad es una fuente innecesaria de tensión destructiva” (p.388).

Reconozco que mi interés por los estudios a los que Memetic Warrior se refiere, va parejo a la cautela precisa a la hora de enfrentarme a las teorías de los filósofos de la moral, la política o el derecho metidos a psicólogos o biólogos, muy dados, a diferencia de Memetic, a deslizarse plácidamente por la pendiente del liberticidio y el totalitarismo. Que el tamaño o la forma de los cráneos explique ciertas pautas de comportamiento, no significa que justifique medidas estatales represivas para los que tienen según que tipo de cabeza.

Una cosa es explicar conductas y otra muy distinta justificar normas y mucho más si la justificación es parcial o interesada. Efectivamente, una cosa es valerse de la psicología, la biología o la antropología para explicar tradiciones o comportamientos humanos y otra muy distinta construir todo un sistema moral o jurídico exclusivamente a partir de algunos datos interesadamente seleccionados de entre todos los que proporcionan esas ciencias. Un sistema moral o jurídico que, por desarrollar el argumento dworkiniano, tendría entre sus principios básicos el siguiente: “puesto que la responsabilidad que se sigue de la libertad genera tensión, pues mejor todos esclavos y que los responsables sean otros”.

Habría a continuación que preguntarse qué ocurre con la salud mental de los políticos y hombres de estado que ejerzan la responsabilidad y libertad de acción que a nosotros, en nuestro propio interés, nos han sido sustraídas. Habría que preguntarse incluso cómo compensamos a los tiranos por la tensión destructiva que padecen cuando nos mandan.

Dos varas de medir

Algunos asistentes a la manifestación de ayer convocada por la AVT insultaron e increparon a José Bono y Rosa Díez. El PP ha mostrado su "tajante rechazo" a los que "mancillaron" la convocatoria.
El Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, parece preocupado por la politización de las víctimas y las convocará a una reunión para atajar la manipulación.
¿Preocupado por todas? ¿Las convocará a todas?
El día que Aznar compareció ante la Comisión del 11M, por citar sólo un ejemplo, víctimas del 11M insultaron e increparon al ex-presidente.
¿Condenó el PSOE esos hechos? ¿Estará Peces-Barba preocupado por la politización de estas últimas víctimas?

Zapatero bajará los impuestos a las multinacionales

He sabido, consultando aquí que "the Third Way of Blair and Zapatero stands for deregulation, decentralisation, and lower taxes for multinational corporations".
Pues nada, ante la posibilidad de recuperar la esperanza en el futuro de este país, me fui al manifiesto de la Nueva Vía y he sabido que ayer y hoy "socialismo es libertad" y que "la libertad en su sentido más amplio y profundo (...) exige condiciones desde la igualdad"; incluso he rememorado letanías comunistizantes en el nefasto que "cada cuál pueda aportar según sus capacidades y que todos tengan aseguradas unas necesidades básicas sin las cuales no hay verdadera libertad" y, todo ello, sazonado con referencias a la superación de la lógica del beneficio inmediato, las políticas distributivas, la solidaridad y el Estado del bienestar. Ahh, los más impresionables que sepáis también que "la concentración de poder económico y mediático (...) perjudica al bienestar de los ciudadanos y a la propia calidad de nuestra democracia". Lo del mediático se ve que menos, si no a los hechos me remito.
En fin, que superado el espejismo y perdida la ilusión, he vuelto a mi estado de pesimismo habitual.

Eutanasia en 59 segundos

Ayer TVE nos premió con otra entrega del programa 59 segundos, una de cuyas secciones estuvo dedicada a la eutanasia. Estaba presente Ramona Maneiro, quien ha admitido haber asistido al archiconocido Ramón Sampedro a suicidarse.
Reconozco que no tenía ni tengo una opinión definida sobre esta cuestión, aunque terminé definiéndola, si bien con trazo grueso, por oposición a la de los contertulios en el susodicho programa. La dejaré aquí expuesta a vuestras consideraciones para así poder perfilarla definitivamente.
Resumo las posiciones de los contertulios del programa para los que a esa hora no zanganeaban en el sofá:
1.- Los contertulios progres, como siempre, ahogados en su propia demagogia e incoherencia. Estuvieron más preocupados por la guerra de Irak que por el tema del debate. Tampoco tuvieron inconveniente alguno, por ejemplo, en compatibilizar su posición contraria a la pena de muerte con su posición favorable respecto de la eutanasia, cuando lo cierto es que de la afirmación de que el Estado no debe matar a nadie, que fundamenta la prohibición de la pena de muerte, se debería seguir, al menos, una posición de prudencia respecto de la legalización de la eutanasia. No fue así, aunque tampoco me sorprendió.
2.- Pedro J. Ramírez estatalista hasta la médula: favorable a la eutanasia si es el Estado quien la aplica. Consideró moralmente reprochable la acción de Ramona Maneiro, pero no tuvo inconveniente en afirmar que si hubiese sido el Estado el responsable, nada grave hubiera ocurrido.
3.- Ignacio Villa (COPE) asumió una posición típicamente conservadora, esto es, radicalmente contraria a la eutanasia aunque compasiva con los afectados y favorable a mejora la asistencia pública a las personas que se encuentran en una situación penosa.
4.- Otro contertulio, cuyo nombre no recuerdo pero que se suponía experto en bioética, se mostró cauteloso a que la legislación estatal regulase esa cuestión.
5.- Ramona Maneiro, con evidentes malas maneras y haciendo gala de una educación más que cuestionable, dijo que no se sentía culpable de lo que hizo y que volvería a hacerlo una y cien veces.

¿Algún planteamiento al que considerar mínimamente liberal? Pues quizás los dos últimos, pero desde luego no los de los demás participantes. Razonaré esta afirmación.
Parto de varias premisas generales: el derecho a la vida es un derecho enteramente individual e incluye también la libertad para morir, es decir, que todo individuo es libre de suicidarse. En ningún caso, puede otorgarse competencia al Estado para suplantar esa voluntad ni para fijar las condiciones en qué haya de considerarse lícita o ilícita. Esto supone otorgar al Estado un poder de decisión último sobre la vida de los individuos, lo que creo que repugna a la conciencia liberal.
Consideremos ahora las circunstancias del caso: Ramón Sanpedro quería morir, pero no podía suicidarse porque no tenía la capacidad física necesaria para hacerlo. Supongamos también que Ramona Maneiro, movida por la compasión o la amistad, atendió al requerimiento de Sanpedro y lo ayudó a morir asumiendo personalmente los riesgos de esa acción.
Pues bien ¿cuál es el problema? El problema reside en que entre los riesgos que Ramona asume al actuar como actuó está el de ser condenada por un delito. Sin embargo, que ella no vulneró derecho alguno, es más, ayudó a Sampedro a ejercer un derecho, el derecho a suicidarse. El problema de este caso es, por tanto, que el Estado castigue a quien por sí o por mediación de un tercero ejerce sus derechos y que el Estado disfrute del monopolio de la acción penal. El problema, como siempre, es el Estado.
En una sociedad libre nadie sería condenado por disfrutar o ejercer sus derechos y tampoco habría monopolios estatales, con lo que acción penal correspondería a cada individuo agraviado en sus derechos. En ese contexto se prohibiría al Estado disponer de la vida de los individuos, pero se permitiría a cada uno disponer de la propia, por sí o con la ayuda de un tercero. En un contexto de libertad, Sampedro no hubiese perseguido ni ordenado a nadie que persiguiese penalmente a Ramona Maneiro por su acción. Por eso, Sampedro habría dejado bien clarito en un testamento vital que quería ser ayudado a morir y que no deseaba que se persiguiese o ejerciese acción represiva o resarcitoria alguna frente a quien le asistiese. Y nada ni nadie hubiese suplantado o condicionado esa manifestación de su voluntad respecto de sus propios derechos.
Pero eso es en una sociedad libre, y ésta que padecemos no lo es: Ramón Sampedro insistió en que deseaba morir pero no podía ser ayudado a hacerlo por nadie porque la ley castiga severamente a quien le asista. En el contexto actual, por tanto, el Estado se arroga la competencia para castigar incluso cuando alguien, por sí o por mediación de un tercero ejerce sus derechos; hoy por hoy, el Estado es, por tanto, quien decide cómo y cuándo ejercemos nuestros propios derechos.

El Foro de Ermua se querella contra Ibaretxe

El Foro de Ermua se querella contra Ibaretxe por el delito de “conspiración para cometer rebelión” y subsidiariamente por la comisión de un delito de “conspiración para la sedición”. Aquí puedes encontrar el comunicado de prensa y un resumen de la querella.

Gracias por perdonarme la vida

Tenía la sospecha y hoy la confirmo: nada más efectivo al señor que convencer al vasallo de que así le va mejor.

No son Ibarra o Bono los únicos que encuentran la mejor defensa del modelo constitucional frente al totalitarismo nacionalista en la afirmación de que las regiones ricas tienen que ser solidarias con las pobres, demostrando con ello que lo que les precoupa del nacionalismo es que sea egoísta o insolidario y no que sea totalitario.

(Chaves, empeñado en convencer a los andaluces de que viven desde hace años una Segunda Modernización -por cierto, la página está aún sin construir-, hace tiempo que salió voluntariamente del club de los pobres y renunció al argumento).

Ahora es ZP el que se suma al club y al argumento. En declaraciones a Onda Cero viene a afirmar que la mejor razón para apoyar la Constitución Europea es que los españoles somos pedigüeños. Afirma el Presidente que España es el país que más motivos tiene para apoyar la Constitución porque "ha recibido mucho de Europa desde su ingreso” y pone como ejemplos los siguientes: que 4 de cada 10 km. de carreteras se han financiado con fondos europeos y también que las “ayudas sociales” de la Unión Europea han creado 300.000 puestos de trabajo cada año en España.

Aunque no tengo datos, y los agradecería, supongo que es innegable que una parte importante del crecimiento económico de España en los últimos años es consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

Supongo también que una parte de ese crecimiento es efecto directo o indirecto de los fondos recibidos.

De lo que ya no estoy seguro es de que todo nuestro crecimiento y que todo lo que somos se lo debamos precisa y exclusivamente de las susodichas ayudas sociales europeas.

¿Nuestra integración en el mercado europeo, despectivamente llamado por los socialistas la “Europa de los mercaderes”, no ha tenido nada que ver? ¿No ha tenido ningún efecto la supresión de las barreras arancelarias entre España y sus socios ni la creación de un enorme espacio de intercambio económico?

Pues según ZP, no.

Así que sepan, por ejemplo, los agricultores de sureste español que han convertido, a pesar de las múltiples administraciones que los atenazan, una de las zonas más deprimidas del país en un área próspera y económicamente activa, que se lo deben todo a las dádivas comunitarias y nada a sí mismos ni tampoco al hecho de poder vender sus productos a consumidores alemanes, belgas o italianos.

Una ofensa más a los ciudadanos y a la sociedad civil. Un intento más de convencernos de que como pobres y lacayos se vive mejor, de que todo lo que somos se lo debemos al Estado y que nada seríamos sin su protección ni si guía.

Perplejidades y desvaríos

A ver si es que me he vuelto loco, pero igual Carod Rovira es liberal.

Resulta que ZP apoya la constitución Europea, entre otros motivos porque asocia Europa con solidaridad y con fondos estructurales y de cohesión. Pero Carod Rovira rechaza la Constitución Europea.

Bono e Ibarra militan en el PSOE y nos tienen acostumbrados a defender el modelo constitucional recurriendo a argumentos basados en la igualdad material y la solidaridad interterritorial.

Carod Rovira también es tenido por izquierdista, pero no consta, hasta la fecha, que defienda la unidad de España.

Tampoco parece que Carod defienda la solidaridad interterritorial, porque exige algo así como un cheque catalán que salde el supuesto déficit fiscal de Cataluña con España.

ZP reconoce que España pronto puede pasar a ser contribuyente de la UE, con lo que España pasará a tener un déficil fiscal con la UE similar al que Cataluña tiene con España.

¿Ordenará entonces Carod a ZP que exija ante la UE un cheque español, similar al británico, que evite un déficit fiscal español con la UE mientras llega la independencia de Cataluña?

Hasta la fecha no me consta que el PSOE lo haya reclamado ni tampoco que Margaret Thatcher se haya afiliado a ERC.

¿Estará de acuerdo Carod (no me consta que lea Libertad Digital, pero igual sí) con Gabriel Calzada cuando éste lamenta que se obligue a los alemanes a costear a los países receptores de fondos de cohesión?

¿Será Carod Rovira liberal? ¿Lo seré yo? ¿Estará Carod a punto de salir del armario socialista?
¿Será simplemente un progre (más) profundamente incoherente y descaradamente oportunista?

Por favor, ayudadme a salir de la perplejidad en que me encuentro.

Palabras de doble filo

Para algunos (aquí) un acuerdo con el PP es un "frente nacional" y un pacto entre los que no son del PP (es de suponer por tanto que contra el PP) es una "alianza democrática". ¿Le sorprende a alguien a estas alturas? Cada día se confirma un poco más la idea de que la reforma de la constitución que se prepara pretende asegurar que la "derecha" no gobierne más y que si lo hace algún día no le quede campo político de acción. Para hacerlo basta con plasmar y blindar en la Constitución o los Estatutos aquellas opciones políticas y morales que la "derecha" no comparte. Estos se llaman a sí mismos progresistas, democrátas y se declaran partidarios del pluralismo, el diálogo, el talante y la tolerancia. Sin embargo, lo suyo sólo tiene un nombre: totalitarismo y, en este caso, totalitarismo constitucional.

Las prestaciones sociales

Los derechos a prestaciones sociales son la obsesión declarada de muchos juristas estatalistas. Esta obcecación les lleva a sembrar su discurso de numerosas trampas y falacias teóricas. Así por ejemplo, se empeñan en demostrar que existe una equivalencia sustancial entre los denominados derechos de libertad, de un lado, y los derechos a prestaciones, del otro. De este modo se prepara el terreno para transferir a los segundos toda la fuerza moral y toda la legitimidad de que históricamente vienen disfrutando los primeros.

Es sabido, por ejemplo, que la satisfacción de los derechos a prestaciones exige complejas y costosas estructuras institucionales y administrativas. Y hasta hace poco se consideraba que esa necesidad no era tan acuciante en el caso de los derechos de libertad. Sin embargo, ahora se impugna esta tesis y se pretende demostrar que ambos requieren y cuestan lo mismo con el objetivo de asimilar libertades y prestaciones. Los efectos de esta asimilación son importantes, por lo que merece la pena analizar la idea con un cierto detenimiento.

Es tradicional considerar que los derechos de libertad se violan por acción mientras que los derechos a prestaciones se violan por omisión. Es decir, viola mi libertad para desplazarme quien mediante sus acciones me lo impide. De otro lado, viola mi derecho a una vivienda quien omite transferirme parte de su renta, es decir, quien se resiste a llevar a cabo acciones, llamémoslas, solidarias. Así las cosas, se venía considerando más fácil y barato garantizar una libertad que el derecho a una prestación: la garantía de una libertad sólo exige identificar la acción lesiva y sancionar al responsable. La garantía de los derechos a prestaciones exigiría, por el contrario, complejas leyes que delimitaran niveles básicos de bienes y servicios y costosas estructuras administrativas para asegurar que ciertos sujetos pudientes no dejan de transferir parte de su renta a otros.

Ese era el planteamiento tradicional, pero ahora se niegan esos matices diferenciales y se sostiene que tanto la garantía de los derechos a prestaciones como la garantía de las libertades requieren de complejas disposiciones legales y costosas estructuras administrativas. No existe diferencia alguna, se advierte, entre derechos a prestaciones y derechos de libertad: garantizar el derecho a la salud exige impuestos y hospitales públicos y garantizar el derecho a la vida, la seguridad personal o la libertad de movimiento requiere órganos judiciales que castiguen a los delincuentes e instituciones penitenciarias donde recluirlos. De este modo, se estarían asimilado los derechos a prestaciones a las libertades personales y paralelamente, se está demostrando la necesidad o naturalidad del Estado y justificando éticamente su autoridad. La naturalidad y necesidad del Estado es mostrada así como el efecto lógico de la titularidad de cualquier derecho.

Sin embargo, no es difícil demostrar las falacias y ocultaciones inherentes a los argumentos presentados. Brevemente, porque el tema es complejo, presento algunas consideraciones a los dos argumentos anteriores:

1) A los juristas estatalistas no les preocupan tanto nuestros derechos ni tampoco nuestro bienestar material, como fundamentar y justificar la autoridad del Estado tal y como hoy lo conocemos, es decir, con las actuales dimensiones o mayores y con el mismo afán intervencionista que hoy le caracteriza.

2) Libertades personales y derechos a prestaciones no sólo son estructuralmente distintos, sino que además son incompatibles entre sí.

3) Para demostrarlo no hay que preguntarse qué ocurre si alguien vulnera mi derecho sino más bien cómo lo ejerzo o cómo lo satisfago. Este, y no otro, es el factor que da la clave de las diferencias entre derechos de libertad, de un lado, y derechos a prestaciones del otro: los derechos de libertad son derechos a acciones propias dentro de los límites que marcan la libertad y propiedades ajenas, mientras que los derechos a prestaciones son derechos a acciones ajenas involuntarias. Esto significa que las libertades se disfrutan cuando actúo conforme a mi propia voluntad mientras que los derechos a prestaciones exigen que otro actúe conforme a mi voluntad o a la voluntad de una autoridad que previamente ha interpretado mis necesidades. En ambos casos, ese otro individuo se ve compelido a actuar en contra de su propia voluntad.

4) Algo parecido ocurre con la vulneración pues alguien vulnera mis derechos de libertad cuando impide o dificulta que yo actúe conforme a mi voluntad, mientras que un derecho a prestaciones se vulnera cuando alguien intenta actuar según su voluntad en lugar de hacerlo según la mía o según la de la autoridad estatal.

5) Vimos como tras las consideraciones atinentes a los costes de la garantía se esconde la pretensión de justificar la autoridad de Estado. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los derechos a prestaciones, ni el ejercicio ni la garantía de derechos de libertad exige la existencia del Estado. El ejercicio de estos derechos no implica coacción estatal pues, como hemos visto, son derechos a acciones propias; además son susceptibles de garantía mediante autotutela, es decir, mediante fórmulas como la legítima defensa, la venganza privada o el recurso voluntario a un árbitro. Estos mecanismos, sin embargo, no son válidos para el caso de los derechos a prestaciones pues en la medida en que son derechos a acciones ajenas involuntarias implican necesariamente torcer o distorsionar la voluntad de otro, es decir, que son esencialmente coactivos. Su contenido y su ejercicio no es nada distinto de la dosis de fuerza necesaria para hacerlos efectivos, es decir, de la dosis de fuerza necesaria para torcer voluntades ajenas. Dicho claramente, ejercer un derecho de libertad es actuar conforme a mi propia voluntad mientras que ejercer un derecho a prestaciones implica someter necesariamente a otro a mi voluntad o a la voluntad de un tercero (el Estado) que previamente ha interpretado cuáles son mis necesidades básicas. Los derechos a prestaciones están, por tanto, indisolublemente ligados a la coacción mientras que los derechos de libertad son justo lo contrario. Las libertades configuran espacios de autonomía, espacios en los que cada individuo es soberano, mientras que los derechos a prestaciones abren la puerta al Estado Soberano y a su coacción y nos condenan a la sumisión y la servidumbre.